MADRID, 9 de febrero (EUROPA PRESS)-
La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados ha acordado por unanimidad exigir al Gobierno un proyecto de ley para proteger a los denunciantes de casos de corrupción bajo una regulación específica que no sólo aborde este problema sino que conduzca a recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones.
Los grupos parlamentarios han apoyado una enmienda de modificación presentada por el grupo parlamentario socialista a la proposición no de ley registrada por el PNV en la que se instaba al Ejecutivo a elaborar un Libro Blanco en el que se regulara en nuestro ordenamiento jurídico la protección de denunciantes, peritos y testigos que incurran en prácticas corruptas.
El diputado socialista Artemi Rallo ha justificado su enmienda por la necesidad de “abordar” el problema de la corrupción ante la “pasividad” de los poderes públicos y ha acusado al Ejecutivo popular de “estar satisfecho” con la aprobación de un “pseudo plan” contra la corrupción que no se ha aplicado realmente, en referencia al pacto anticorrupción aprobado en la Cámara Baja en febrero de 2013 y que salió adelante pese a la abstención del PSOE.
MUY VIGILANTE CON EL GOBIERNO
“El objetivo de nuestra enmienda es instar al Gobierno a que presente un proyecto de ley; creemos que el medio más útil en este momento para conseguir el objetivo (de proteger a los denunciantes de corrupción) es una iniciativa del Gobierno”, afirmó Rallo, quien recordó que su partido estará “muy atento” al cumplimiento que pueda llevar a cabo el Ejecutivo de Mariano Rajoy de esta propuesta.
El ‘popular’ Francisco Molinero, vicepresidente segundo de la Comisión de Justicia, ha reconocido que coincide con el diagnóstico que el parlamentario socialista ha hecho sobre la situación actual y aunque entiende que se pueden tomar más medidas para reducir los casos de corrupción, defiende que su partido “es el más implicado” en la lucha contra esta práctica y que España cuenta actualmente con un marco regulatorio que garantiza los derechos de víctimas y denunciantes.
La diputada de Unidas Podemos, Sara Carreño, ha apoyado la enmienda de los socialistas y ha destacado la urgencia de proteger a los denunciantes en casos de corrupción, haciendo mención específica al trabajo de la Plataforma X Honestidad en esta materia. Sin embargo, considera que la tramitación de esta ley no debe limitarse a víctimas y denunciantes sino que es necesario un acuerdo estatal en esta materia.
APROVECHAR A LOS FUNCIONARIOS CONTRA LA CORRUPCIÓN
El portavoz de Ciudadanos en la Comisión de Justicia, Nacho Prendes, se ha manifestado en esa línea al asegurar que es fundamental que en la elaboración de este proyecto de ley exista la colaboración de los empleados públicos para convertirlos en “los principales agentes de la lucha contra la corrupción” dotándoles de mecanismos que les permitan denunciar ilegalidades sin que ello suponga una amenaza o perjuicio para ellos.
“La lucha contra la corrupción es posible, no creemos que sea una maldición del cielo que ha caído sobre este país. Debemos actuar con determinación, voluntad política y creemos que es necesario introducir más transparencia y responsabilidad, todo ello junto”, defendió Prendes durante el debate de la Comisión.
