BARCELONA, 28 de febrero (EUROPA PRESS)-
Una auditoría externa de la situación financiera de CDC en 2013, encargada entonces por el propio partido, detectó diversas irregularidades en la gestión que la formación convergente llevaba a cabo con las donaciones que recibía.
Este informe de la consultora Busquet, al que ha tenido acceso Europa Press -y que forma parte del resumen del ‘caso 3%’-, recuerda que la Ley de Financiación de los Partidos Políticos establece que para rentas superiores a 300 euros es obligatorio identificar quién realiza una aportación a una formación política.
Sin embargo, CDC recaudó estos ingresos a través de talonarios de cheques de 50 a 250 euros “y no identifica al donante, por lo que no se puede asegurar que una misma persona no haya adquirido varios billetes por importe superior a 300 euros, lo que supondría un incumplimiento de la ley al tratarse de donaciones anónimas”.
La auditoría -de 12 de junio de 2014- detalla que durante el ejercicio 2013 estos ingresos aumentaron “significativamente”, pasando de 292.145 a 358.785 euros, concentrados en el último trimestre del año.
El informe también revela que en 2013 el partido recibió dos ingresos de los grupos municipales del Ayuntamiento de Vilafranca del Penedès (Barcelona) de 26.794 y 19.080 euros “que no han sido declarados como donación y que la única prueba es la transferencia bancaria”.
La formación convergente también recibió transferencias de la federación CiU -que luego formó junto con Unió- por un total de 662.000 euros que tampoco fueron declarados como donaciones: “Dado que la federación CiU se financia principalmente con subvenciones públicas, no estaría claro si estas aportaciones serían legales”.
DUDAS SOBRE LEGALIDAD
La consultora advirtió que, a pesar de que los honorarios de los militantes deben ingresarse en cuentas bancarias abiertas al efecto -con domiciliación bancaria o ingreso nominativo-, “existen ingresos por importe de 30.807 euros emitidos y depositados en las cuentas de la sede territorial en una cuenta que no es específica para este tipo de ingresos”.
Este informe advertía también a la formación convergente de que no había formalizado un protocolo interno que pudiera ser sometido a verificación e informe, que tendría que ser presentado al Tribunal de Cuentas.
Esta documentación forma parte del caso que investiga el titular del Juzgado de Instrucción 1 de El Vendrell (Tarragona), Josep Bosch, que investiga si CDC cobró comisiones ilegales a cambio de la concesión de obras públicas y camufló estos pagos como donaciones desinteresadas a fundaciones afines al partido.
