MADRID, 8 de febrero (EUROPA PRESS)-
El presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), José Luis Escrivá, ha puesto en duda que la Seguridad Social sea capaz de alcanzar el objetivo de déficit del 1,4% fijado para este año, y cree que si no se toman medidas el desequilibrio rondará el 1,7%, el mismo nivel con el que se espera cerrar 2016.
Así lo afirmó durante su comparecencia ante la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo en el Congreso, donde avanzó algunas de las conclusiones preliminares del informe que su organización está elaborando en relación con las pensiones.
Escrivá ha indicado que las cuentas de la Seguridad Social cerraron 2016 con un desfase del 1,7% y considera que, a partir de ahí, alcanzar el 1,4% previsto para este año “no es alcanzable” en ninguno de los escenarios probables.
“Este déficit es consecuencia, fundamentalmente, de un salto considerable del gasto en pensiones en los últimos años”, afirmó el presidente de la Autoridad, recordando que en los dos últimos años han recomendado a la Seguridad Social hacer previsiones de ingresos “más realistas” para que los objetivos de estabilidad no sean tan “extraordinariamente exigentes” como hasta ahora.
EL MISFIT NO SE CERRARÁ
A medio plazo y “a falta de medidas adicionales”, la AIReF considera que el déficit de la Seguridad Social “se cerrará muy poco”, incluso si el PIB y la inflación rondan el 2% como se esperaba.
A nivel general, persistirá “un desequilibrio estructural” del 2,5% en las administraciones públicas, de las que más de la mitad correrá a cargo de la Seguridad Social (1,5%), mientras que el Estado tendrá medio punto de déficit, al igual que las comunidades y ayuntamientos.
Sin embargo, el Gobierno espera que en 2019 el déficit sea del 1,6%, repartido entre el 0,9% del Estado, el 0,7% de la Seguridad Social y el 0% de comunidades autónomas y ayuntamientos.
Esto implica que las pensiones sólo se revalorizarán por el mínimo previsto en la ley del 0,25% anual durante aproximadamente los próximos cinco años, lo que “estabilizará” el gasto en pensiones en torno al 10,5% del PIB actual pero reducirá el poder adquisitivo de los jubilados en siete puntos en una década.
Una situación que sólo podría modificarse si se aportase un punto y medio del PIB a las arcas de la Seguridad Social -vía Presupuestos, aumento de cotizaciones o reducción del gasto- cada año. Con estos nuevos ingresos las pensiones podrían revalorizarse por encima del mínimo legalmente exigido.
En cualquier caso, Escrivá ha reclamado que sean públicas las previsiones de ingresos y gastos que utiliza la Seguridad Social para calcular el ritmo de actualización de las pensiones, algo a lo que el organismo “se ha comprometido”.
