Una mujer de Río Colorado contrató un sistema de alarmas para su hogar, pero rescindió el contrato cuando descubrió que los sensores no eran compatibles con la presencia de su perro, pese a que la empresa le había asegurado lo contrario.
A pesar de la cancelación, la prestadora le cobró un mes de servicio y, aunque luego le devolvieron el dinero, comenzó a recibir constantes mensajes, llamadas y correos electrónicos exigiendo el pago de una deuda inexistente. Incluso, la amenazaron con acciones judiciales y embargo de bienes.
La jueza civil de Choele Choel determinó que la empresa incurrió en una práctica comercial abusiva y ordenó indemnizar a la usuaria con tres millones de pesos más intereses por el daño moral y patrimonial sufrido.
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